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Bonadio investiga negocios que Euromayor fondeaba con títulos de las ex-AFJP

La empresa es investigada por presunta defraudación contra la administración pública por parte de compañías de seguro y retiro. Entregaba proyectos nunca ejecutados a través de contratos de cesión.

La causa Euromayor se asemeja a un iceberg. La punta visible se desentraña en el expediente que acumuló 61 demandas por estafas en la Justicia y que se encuentra a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi. La base -imperceptible aún para la opinión pública- no está en Córdoba, sino en el Juzgado Nacional, Criminal y Correccional Federal N° 11, cuyo titular es Claudio Bonadio. Allí se investiga la presunta defraudación contra la administración pública por parte de compañías de seguro y retiro.

¿Cuál es el nexo entre ambas? Los negocios que concretaron Euromayor, Trust & Development (T&D) y South American Trust SA (Satsa) con las compañías de seguros de retiro, sucesoras de las AFJP.

Las estafas. La investigación a cargo de la fiscal Rissi, que se inició hace más de dos años, procura determinar cómo fueron las maniobras y quiénes son los responsables. Como informó este medio se identifica como presuntos cerebros al presidente y vice de Euromayor, Laerte Muzi y Jorge Monferini, respectivamente.

La semana pasada la fiscal dictó la prisión preventiva para los cinco detenidos. Además de Muzi y Monferini, la medida alcanzó a Mariano Fontán, Jorge Airaudo y Oscar Cerutti.

Los damnificados son clientes que se consideran estafados. Pusieron dinero en proyectos que no se concretaron. El dinero no se evaporó, sino que habría sido trasvasado a través de diferentes transacciones entre sociedades o fideicomisos. Como no puede existir traspaso de dinero entre los fideicomisos, pivoteaban Euromayor y T&D. Por ejemplo: se ‘creaba’ una acreencia en favor de Euromayor, se debitaba de un emprendimiento y se trasladaba a otro fideicomiso con justificaciones diversas, como pagar adelantos de retribución de un futuro desarrollo, que luego no se concretaría.

El dinero de clientes e inversores que ingresaba en vez de destinarse al desarrollo se dirigía a través de este mecanismo a otro fideicomiso. En teoría, el desvío era ‘momentáneo’, lo que salía retornaría. La realidad terminó desmintiendo el argumento. Antigua Cervecería. En Antigua Cervecería “el plan financiero no funcionó”, reconoce a este medio un exempleado del grupo desarrollista.

Se sumaron contextos político-electorales, como en el 2011, cuando cambiaron las autoridades del Banco de Córdoba y se frustraron acuerdos comerciales y financieros entre el grupo de Euromayor y la entidad provincial. Ante este escenario, se volvió imprescindible conseguir fondeo externo. Es aquí donde se entronca el expediente penal provincial con la investigación abierta en los tribunales de Comodoro Py.

Cuando en 1993 se aprobó la ley de creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se habilitaron las inversiones de esos fondos en fideicomisos inmobiliarios y financieros. Una vez estatizadas, a partir de 2008, los aportes voluntarios de los trabajadores fueron a compañías de retiro. En este esquema, siempre estuvo el Estado como garante; primero a través de la Superintendencia de AFJP y, en la actualidad, de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Euromayor, T&D y Satsa concretaron negocios con esas compañías.

Las aseguradoras de retiro fondearon a las empresas con efectivo o títulos (bonos) a cambio de cupones o lotes no desarrollados. Como eran inversiones a futuro, la apreciación quedaría para las aseguradoras el día que se realizaran las obras. Los acuerdos tomaron forma en contratos de cesión de participaciones accionarias.

El caso ProBenefit. PERFIL CORDOBA accedió a documentación que evidencia la maniobra que terminó siendo un desfalco para el Estado. ProBenefit, empresa controlante de Profuturo Compañía de Seguros de Retiro SA, compró la participación de T&D en el fideicomiso inmobiliario ‘Campos de Malagueño’ que, según el contrato que se publica, alcanzaba al 14,42%. En el momento en que se concretó la operación, aludía a un predio ubicado junto a Valle del Golf, sin una sola obra y cubierto de rastrojos de soja. Por esa cesión, T&D recibió $14,7 millones de valores residuales de bonos emitidos por el Gobierno nacional en septiembre de 2013, el año en el que abundaron contratos elaborados con idéntica modalidad. Cuando fueron a liquidar esos activos, descubrieron que el prometido emprendimiento no existía. Un intérprete de estas operaciones comentó a este medio: “A las compañías les encajaron un activo de difícil valuación, les sacaron el dinero y les dieron a cambio papeles”. Por eso la investigación del juzgado de Bonadio considera las maniobras como defraudatorias contra la administración pública, que debió responder ante la desaparición de las aseguradoras.

LIQUIDAN FIDEICOMISO DE ANTIGUA CERVECERIA

El 6 de mayo la jueza civil Marcela Susana Antinucci, a cargo del Juzgado de Concursos y Sociedades Nº3, ordenó la liquidación de Antigua Cervecería Córdoba Fideicomiso Financiero (ACC). El jueves último se designó un liquidador, pero no aceptó el cargo. La decisión impactó fuerte entre los abogados de los imputados, particularmente los vinculados a Satsa, ya que la empresa fue apartada de la administración fiduciaria. Algunos advierten que la decisión puede desmoronar la pretensión de recuperar acreencias.

En tanto, el 3 de mayo, el juez de Control Nº 7, José Milton Peralta, dejó sin efecto la intervención judicial de las tres empresas: Euromayor de Inversiones SA, T&D y Satsa, que había ordenado en septiembre último por seis meses. El juez Peralta consideró cumplidos los objetivos, como evitar cambios perjudiciales en la situación económica financiera del grupo, reunir pruebas para la investigación penal, impedir consecuencias ulteriores en los damnificados y conocer la situación de cada uno de los emprendimientos. Al pedir el cese de la intervención, la fiscal había señalado que residentes en Valle del Golf y Antigua Cervecería comenzaron a organizarse para gestionar la administración de sus inmuebles; y lo mismo podría suceder en Complejo Center y Tierra Alta. Son todas cuestiones que escapan a la competencia penal.

(Fuente www.perfil.com)

 

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