La defensa de Lourdes Tacundo, acusada junto a su pareja de haber asesinado al joven empleado municipal de María Luisa, buscará morigerar la medida cautelar que cumple en prisión.
La exnovia de Damián Strada, el empleado municipal de María Luisa asesinado en un descampado cercano a Laguna Paiva en septiembre de 2025, solicitará que la cautelar que cumple tras las rejas pase a ser domiciliaria.
Lourdes Nahir Tacundo fue imputada como coautora del "homicidio triplemente agravado" de Strada y quedó en prisión preventiva. Por el crimen también permanece privado de su libertad Alessandro Juan Gabriel Roberts, quien estaba en pareja con la mujer al momento del hecho.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) agendó la audiencia de revisión de la medida cautelar para el próximo jueves 11 de junio, a las 10.15 de la mañana, en la sala 6 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. A cargo de la misma estará el juez penal Sebastián Szeifert, quien a comienzos del proceso judicial dispuso la prisión preventiva para la pareja acusada.
La detención de los acusados.
La defensa técnica de Tacundo, representada por el Ministerio Público de la Defensa (MPD), insistirá en la posibilidad de aplicar medidas alternativas al encierro carcelario. En instancias previas, habían argumentado que no existen riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento probatorio que justifiquen la continuidad de la prisión en una unidad penitenciaria.
Entre las propuestas presentadas anteriormente, y que fuentes cercanas al caso indicaron como el que será el principal pedido de la defensa, se barajó la posibilidad de una prisión domiciliaria fundamentada en que la imputada tiene a su cargo a una hija menor de edad.
Cabe recordar que la prisión en la que se encuentran Tacundo y Roberts fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. La jueza de segunda instancia Martha Feijoó decidió confirmar la primera resolución de Szeifert, validando la postura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre la necesidad del encarcelamiento preventivo debido a la gravedad del hecho y la "altísima" pena en expectativa.
El pedido de una nueva audiencia representa un intento de la defensa por demostrar que las condiciones han cambiado o que es posible resguardar el proceso con medidas menos gravosas.
Temor de la familia
Tacundo y Roberts fueron imputados por el "homicidio triplemente agravado" de Strada.
La calificación legal escogida por el fiscal Alejandro Benítez incluye los agravantes por el vínculo -dado que ella había mantenido una relación de pareja con la víctima-, por alevosía y por ser considerado un crimen criminis causa. Según la tesis del MPA, el asesinato se cometió para ocultar un delito previo de extorsión y procurar la impunidad de los autores.
La pena en expectativa por este delito es de prisión perpetua, lo que constituye uno de los principales argumentos del fiscal y el querellante Iván Carrión para sostener que es necesario mantener la prisión preventiva.
El querellante Carrión señaló que se opondrá al pedido de domiciliaria.
Carrión representa al padre de la víctima, Víctor Strada, y manifestó en reiteradas ocasiones el temor de la familia ante una posible liberación de los imputados, asegurando que existen riesgos "altísimos" de que los acusados se den a la fuga antes de llegar al juicio oral.
Además, la fiscalía sostiene que Tacundo intentó desviar la investigación desde el primer momento, aportando datos falsos durante la etapa de búsqueda de paradero de la víctima.
Extorsión, muerte y ocultamiento
La reconstrucción del caso realizada por los investigadores indica que los hechos comenzaron la noche del 14 de septiembre, cuando Strada salió de su domicilio en María Luisa a bordo de su motocicleta.
Según los registros de las cámaras de seguridad, Strada fue visto circulando con Tacundo y Roberts hacia una zona rural cercana a Laguna Paiva: se observó a los tres ingresando a un sector de monte y, tiempo después, el regreso de la pareja acusada sin el dueño del vehículo.
Para la acusación, existió un "plan común" para llevar a Strada a un descampado bajo engaños o amenazas. Una vez en el lugar, la víctima habría sido extorsionada para realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones móviles. La madre de Strada declaró haber recibido llamadas de su hijo en las que notó una voz de profunda desesperación, mientras este le solicitaba sumas de dinero.
Al no concretarse la totalidad de las transferencias exigidas, los atacantes lo habrían asfixiado con un elemento similar a un cinturón o soga.
Finalmente, el cuerpo de Strada fue hallado el 16 de septiembre en la vera de la Ruta Provincial N°2, con signos de haber sido incinerado de manera intencional para borrar evidencias.
Entre las pruebas materiales más contundentes que pesan sobre los acusados se encuentra el hallazgo de la motocicleta de la víctima desarmada y el hecho de que Roberts colocara su propio chip telefónico en el aparato celular que pertenecía a Strada tras el homicidio.
Ahora, la causa tendrá una nueva instancia judicial, con la audiencia del próximo 11 de junio, donde se definirá si Tacundo continúa esperando el juicio tras las rejas.
