Se ha presentado una ampliación de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El escrito, impulsado por la diputada Marcela Pagano, señala la existencia de una casa de dos plantas ubicada en el Country Indio Cuá, en la localidad de Exaltación de la Cruz, la cual no habría sido incluida en las declaraciones juradas del funcionario.
La investigación apunta a que, si bien la propiedad no figura a nombre de Adorni, las expensas del lote (estimadas en 700.000 pesos mensuales) estarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. La vivienda está situada frente al hoyo 17 del campo de golf del predio y su valor de mercado se estima entre los 130.000 y 250.000 dólares, cifras que la denuncia busca contrastar con los ingresos declarados por el matrimonio.
En la presentación judicial se detallan otros gastos que, según la denunciante, no coincidirían con el patrimonio declarado. Entre ellos se mencionan la construcción de la vivienda en el barrio privado, el mantenimiento de sus costos fijos y un viaje en vuelo privado a Punta del Este durante el último verano, cuyo costo se calcula en aproximadamente 10.000 dólares.
La denuncia solicita que la Justicia realice una inspección ocular en el country y pida informes al Colegio de Escribanos para determinar la titularidad real del inmueble. Se argumenta que, dada la profesión de Adorni como contador público, la omisión de estos activos en su declaración jurada no podría justificarse como un error involuntario, lo que agrava la sospecha sobre el origen de los fondos.
Las acusaciones legales contra Adorni son por enriquecimiento ilícito de funcionario público (art. 268 [2] del Código Penal), falsedad ideológica de documento público (art. 293 CP), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP) y violación de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Por eso, la denunciante solicitó al Juzgado diversas medidas de pruebas como el pedido de oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a la Administración del Country Indio Cuá, a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, a la Oficina Anticorrupción, a ARCA (ex AFIP), a entidades financieras y a la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, pidió una inspección ocular con perito oficial en el country, que se tome declaración testimonial a los vecinos, un informe del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la imposición de medidas cautelares patrimoniales (embargo preventivo e inhibición general de bienes) sobre los bienes de Adorni y su cónyuge.
