En la última Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Sunchales fue presentado un proyecto de Ordenanza, por medio del cual se busca otorgar importantes beneficios tributarios a quienes brinden oportunidades laborales a personas con discapacidad.

La iniciativa, autoría del concejal Fernando Cattaneo, propone deducir el equivalente al 50 % del Derecho de Registro e Inspección durante los primeros 18 meses, a aquellos empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado. Se incluyen  las tareas que se realicen a domicilio.

Asimismo se plantea deducir el equivalente al 80% de la Tasa General de Inmuebles sobre el lugar donde esté declarado, inscripto o habilitado el domicilio comercial.

“Son muy pocas las cosas que le impiden a una persona con discapacidad realizar un trabajo, no seamos nosotros,  la sociedad,  una de ellas”, se expresa entre los fundamentos del proyecto, donde también se puntualizan las estadísticas actuales.  Según la Organización Internacional del Trabajo más de un 60 % de las personas con discapacidad en el mundo está en edad de trabajar, pero el índice de desempleo es superior al 80%, mientras que en nuestro país otros datos arrojan que menos de un 40% de las empresas alientan o cuentan con un programa de inclusión.

Además, el concejal Cattaneo afirmó que se busca sumar “una herramienta más para generar inclusión. Sabemos muy bien que no son pocos los esfuerzos del Municipio y de otras instituciones para generar estos espacios. Se trabaja por ejemplo con las barreras arquitectónicas, contamos con un Centro de Día y son innumerables las acciones en torno a la temática. De todas maneras, hace algunos días nos reunimos con el Consejo de Inclusión para Personas con Discapacidad y nos comentaban que aún  hay muchas dificultades sobre el acceso al trabajo. Por supuesto, el proyecto deberá ser analizado en Comisión pero es un punto de partida para avanzar en este aspecto”.

En otro de sus artículos, la iniciativa también propone que la Municipalidad, sus organismos descentralizados y/o autárquicos prioricen, a igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. El mismo criterio de prioridad deberá imponerse en los pliegos licitatorios para contrataciones. 

Se establece además que el Área de Coordinación de Políticas de Inclusión y Derechos, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano y/o la que la reemplace en el futuro, en conjunto con el Consejo de  Inclusión para Personas con Discapacidad,  ejecutarán un plan para el acompañamiento y evaluación a pedido de cada empleador. Asimismo se deberá implementar un sistema de comunicación y jornadas informativas sobre los beneficios generales, sociales, tributarios u otros en la contratación de personas con discapacidad.