Los esquemas de movilidad de los haberes jubilatorios no deberían ser un instrumento para aumentar o reducir el gasto previsional, sino para proteger a las personas beneficiarias y agregar previsibilidad al sistema. En este sentido, el índice de movilidad de los haberes jubilatorios debería ser transparente en su composición y cálculo, garantizar el poder adquisitivo, reduciendo su volatilidad en contextos inflacionarios, y contar con una frecuencia de aumentos suficientemente alta para evitar deterioros significativos del poder adquisitivo de los beneficiarios.

Estas son algunas de las recomendaciones elaboradas en el documento “La movilidad en el sistema previsional argentino”, elaborado por Rafael Rofman, investigador principal del Programa de Protección Social de CIPPEC, que analiza las actualizaciones de los haberes previsionales a lo largo de la historia y que propone algunos principios para el diseño de una nueva “fórmula” de movilidad de jubilaciones.

“Entre fines de la década de 1960 y la actualidad el sistema previsional argentino ha pasado por al menos siete esquemas de movilidad distintos, permanentes o transitorios, y las autoridades actuales han presentado una nueva propuesta ante el Congreso nacional. Estos esquemas rara vez cumplieron la que se supone es su función central: mantener el valor real de los beneficios, y en cambio resultaron en bruscos aumentos o disminuciones del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones”, sostiene el documento.

De acuerdo al trabajo de Rofman, en los últimos 50 años se han dictado distintas normas – e incumplido la mayoría de ellas – generándose así “una compleja trama de contradicciones, superposiciones y vacíos legales que han convertido a este tema en una cuestión central”. “El problema se origina en las dificultades macroeconómicas que enfrenta Argentina hace décadas. La alta inflación, volatilidad de precios relativos (incluyendo salarios), crisis fiscales y una persistente fragmentación del sistema previsional han resultado en serias disputas políticas y una altísima litigiosidad, con cientos de miles de demandas por parte de beneficiarios y beneficiarias”, sostiene Rofman en su investigación.

Para el autor, la historia del sistema previsional argentino muestra serias falencias en la actualización de los ingresos laborales utilizados en el cálculo de los haberes jubilatorios iniciales y, luego, en su ajuste para mantener su valor a lo largo del tiempo, “lo que ha resultado en una alta volatilidad del valor de los beneficios, litigiosidad, imprevisibilidad e importantes inequidades en el tratamiento de las personas beneficiarias”.

Así, el documento propone algunos principios a seguir por quienes diseñan el esquema de movilidad del sistema previsional:

• Relevancia del índice: Los indicadores para actualizar ingresos de referencia deberían estar vinculados a valores salariales. En el caso de los beneficios, el objetivo principal es proteger la capacidad de consumo, con lo que parece razonable que se consideren los precios de los bienes y servicios que los beneficiarios necesitan adquirir y, eventualmente, algún indicador transparente de productividad.

• Transparencia y accesibilidad: Cualesquiera sean los índices que se utilicen, deben ser transparentes y accesibles. Los índices de precios al consumidor cumplen, normalmente, con estas condiciones.

• Estrategia para compartir ganancias de productividad: El componente que busca compartir ganancias de productividad puede estar vinculado a salarios, recaudación o crecimiento de la economía.

• Frecuencia de las actualizaciones: Dada la historia de alta inflación en Argentina, es razonable buscar un mecanismo que permita actualizaciones frecuentes de los beneficios. Un mecanismo interesante de explorar sería una regla de periodicidad variable, en función del nivel de incremento de los índices.

• Visión de mediano y largo plazo: Si bien la preocupación por la sostenibilidad fiscal es importante y legítima, no es razonable esperar que la metodología de movilidad resuelva dificultades fiscales en el corto plazo. Esta problemática debe ser discutida y resuelta en el marco que corresponde; esto es, en la forma de cálculo de los haberes iniciales de jubilación y pensión para los distintos grupos de participantes en el sistema y sus mecanismos de financiamiento.

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Fuente: CIPPEC