La Audiencia Pública convocada para informar sobre el proyecto del nuevo Complejo Ambiental a radicarse al norte de la ruta 280 S dejó una conclusión inexorable: No hubo ni una sola posición que respalde el emplazamiento elegido por tratarse de una zona con alto riesgo hídrico y que podría traer graves consecuencias para la calidad del ambiente local.
Pero más allá de las declaraciones de los vecinos que oportunamente interpusieron un recurso de amparo ante la justicia, en la jornada de ayer se destacó la presencia de Sergio Montiel, en representación de la cooperativa láctea SanCor, que hizo un duro descargo respecto de las consecuencias negativas que este complejo podría generar para el futuro de la empresa y denunció el incumplimiento de los acuerdos que, en el año 2012, la cooperativa, el municipio y otras entidades intermedias habían rubricado comprometiéndose a mantener un perímetro ambientalmente controlado.
Tal como estaba previsto, el acto formal se inició con las exposiciones de los funcionarios municipales y representantes del gobierno provincial. Primeramente, la técnica María Cecilia Gabiani, subsecretaria de Ambiente y Espacios Públicos, expuso sobre los antecedentes del proyecto. Seguidamente, el ingeniero Guillermo Ércole, subsecretario de Obras Públicas, refirió a las medidas de mitigación que se deberán tomar para evitar anegamientos y filtraciones, luego de haber reconocido que el predio está definido como “Zona Inundable del tipo 2, con lluvias abundantes”. Posteriormente, se presentó el subsecretario de Gestión Ambiental de la provincia, Edgardo Seguro, quien ofreció un desarrollo bien detallado de cómo funcionará el complejo y mostró otras experiencias similares ya en marcha.
Fue curiosa la presentación de María Paz Caruso, directora del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, que relató el proceso implementado en la vecina localidad. La ponencia no hizo más que evidenciar la involución que en materia ambiental vivió nuestra ciudad en las últimas dos décadas, ya que cuando Rafaela comenzó a abordar esa problemática, a principios del año 2000, Sunchales ya contaba con una planta modelo para el tratamiento de residuos y más de la mitad de los vecinos realizaban su clasificación en origen.
A la hora de las presentaciones particulares, se fueron turnando algunos de los vecinos que encabezaron la demanda judicial –Omar Astesana, Jorge Chiabrando y María Victoria Ingaramo-, otros particulares –Walter Guglielmone y Jorge Allara-, el concejal Oscar Trinchieri y el electo Horacio Bertoglio, que además lo hizo como director del Enress. De manera unánime, todos coincidieron en destacar las bondades del proyecto y la necesidad de que Sunchales y la región cuenten con una planta moderna y sustentable destinada al tratamiento y la disposición final de los residuos, tal como fue presentada, y que reemplace a la actual que se encuentra colapsada y con graves problemas de mantenimiento. Pero del mismo modo, fueron enfáticos en rechazar la localización elegida, argumentando que es un espacio históricamente inundable, con aguas que escurren hacia el Canal Norte y el casco urbano, suponiendo un alto riesgo para toda la comunidad.
Una de las intervenciones más llamativas estuvo a cargo del responsable de comunicaciones de SanCor Coop. Un. Ltdas., Sergio Montiel, quien trajo a la discusión el acuerdo celebrado en el año 2012, tendiente a darle a la industria una zona ambientalmente protegida para poder desarrollar una nueva planta destinada a la fabricación de leches infantiles orientadas para el mercado asiático.
“Es una lástima que no se haya seguido con el compromiso de las partes que se había generado pero quiero dejar un categórico y enérgico rechazo, no a la iniciativa sino a su ubicación y emplazamiento, en el concepto de que no hay que asumir riesgos, no es necesario mitigar cuando es posible evitar y se está a tiempo de evitar”, expresó Montiel y recalcó: “Esto puede tener consecuencias económicas para la empresa y sus posibilidades de crecimiento y exportación porque tienen mucho que ver las certificaciones ambientales de la planta y las inspecciones que hacen los organismos sanitarios de distintos lugares del mundo para poder exportar a esos países”.
“Es necesario que la ciudadanía entienda, porque las autoridades lo saben, que aquí se ponen en riesgo y es posible evitarlo, tanto cuestiones económicas como ambientales y sobre todo la salud de niños cuyos alimentos son producidos en esta planta para Argentina y para el mundo y que no solamente es por el alimento sino por todo lo que puede venir de ese lugar, a través del agua y el aire y que puede generar daños permanentes, no tal vez inmediatos pero si a las futuras generaciones, a nuestros hijos y nuestros nietos”, cerró con firmeza el representante de la “madre cooperativa”
Al cierre, varios de los presentes dejaron plasmados interrogantes que se responderán por escrito junto con el informe final de la audiencia en un plazo no mayor a los treinta días. En general, las preguntas giraron en torno a cómo se van a costear las obras de mitigación, lo que supone una onerosa erogación, y de manera retórica quedó instalada la consulta sobre quién garantizará un funcionamiento adecuado de la planta y de qué manera se defenderá al cooperativismo, al considerar que esta medida atenta contra las posibilidades de desarrollo de la empresa láctea.
Aunque el resultado de esta Audiencia no será vinculante, la jueza María José Álvarez Tremea, tendrá en sus manos una herramienta fundamental para definir de qué forma se podrá continuar con este proyecto y qué lugar le dará a los enérgicos planteos esgrimidos en contra de su localización.
