En abril de 2021, el cadáver de un joven de 2019 apareció al costado del cruce de Uriburu y Las Palmeras. La investigación condujo a un conflicto entre bandas en Empalme Graneros.

Otra causa penal por un homicidio instigado desde prisión se cerró con un juicio abreviado. Este lunes, la jueza María Trinidad Chiabrera homologó una condena de once años de prisión para Nicolás Alejandro Toloza, un recluso de 28 años que en abril de 2021 ordenó matar a un joven de 19 que apareció acribillado en un descampado. La investigación no pudo establecer cómo obtuvo el celular desde el que dio las órdenes ni si contó con complicidad penitenciaria, pero sí determinó que la ejecución de Alejo “Pipi” Bravo fue transmitida por videollamada.

El autor material del crimen está identificado y detenido. Se trata de Julián Aguirre, de 26 años, oriundo de barrio Ludueña. Su firma de condena en procedimiento abreviado fue postergada por falta de documentación. Su caso se volvió paradigmático: ingresó a la cárcel de Piñero a mediados de 2021 por portación de arma de fuego, y menos de un año después fue imputado como uno de los jefes de una banda que cometió un sinfín de delitos violentos en la zona noroeste de Rosario, como extorsiones, manejo de búnkeres, balaceras y homicidios, todos instigados desde prisión.

El 5 de abril de 2021, el cuerpo de Alejo Julián “Pipi” Bravo –vecino de barrio Empalme Graneros con prontuario por robo– fue hallado con tres tiros en la cara en un descampado de Uriburu y Las Palmeras. Ese sector, que en los últimos años se volvió escenario habitual de ejecuciones, descartes y quema de vehículos, reforzó la hipótesis de un crimen mafioso.

Más de un año después del asesinato, la acusación –a cargo del fallecido fiscal Ademar Bianchini– logró reunir evidencia para imputar a Toloza como instigador y a Aguirre como autor de los disparos que mataron a Bravo.

Toloza, también oriundo de Empalme Graneros, es hermano de Brian “Gordo” González, un recluso tristemente célebre por purgar 16 años de prisión como partícipe del crimen de Analía “Any” Rivero, la promotora de 18 años que fue alcanzada por un balazo en la puerta del boliche Stone de Capitán Bermúdez, en 2014.

El ahora condenado estaba detenido desde septiembre de 2020 y cumple una pena de 16 años por el intento de asesinato de un adolescente –Rodrigo “Tin” V.– y otros delitos. Con esta nueva condena, la pena fue unificada en 24 años.

Según la fiscalía, Toloza le encargó el homicidio a Aguirre, que en ese momento actuaba como tiratiros en Ludueña. Lo hizo mediante una comunicación desde el pabellón 9 del penal. La tarde del lunes 5 de abril de 2021, Bravo salió de su casa de Pasaje Jacques al 900 bis y fue captado por Aguirre, quien lo llevó hasta Uriburu y Las Palmeras y lo ejecutó.

La secuencia homicida fue transmitida por videollamada. De acuerdo con la acusación, Aguirre sostenía el celular en una mano y la pistola en la otra. “Aguirre apuntó con el arma a Alejo y le efectuó dos disparos en la nuca, provocándole la muerte por destrucción cráneo-encefálica causada por proyectil de arma de fuego”, sostuvo el fiscal. Parte de la evidencia se basó en el testimonio de un testigo reservado.

Aguirre fue detenido semanas después por portación de arma de fuego. En junio de 2021 fue condenado en juicio abreviado a 3 años y 8 meses.

Pero el uso de celulares desde prisión le trajo nuevos problemas judiciales.

En junio de 2022, el fiscal Pablo Socca lo imputó como uno de los cuatro jefes de una banda –junto con Andy Benítez, Mauro Gerez y Jonatan Almada– apadrinada por un integrante de Los Monos. La asociación ilícita sembró el terror en Ludueña con una ola de extorsiones a comerciantes y homicidios en el marco de un enfrentamiento con otro grupo narco.

En noviembre del año pasado, Aguirre firmó un juicio abreviado y aceptó una pena de 20 años de prisión por coliderar esa organización criminal. La investigación tampoco dio cuenta del ingreso irrestricto de celulares a un pabellón donde se instigaban delitos de conmoción social. Aguirre, sin embargo, aún tiene causas abiertas por delitos graves que podrían derivar en una condena a prisión perpetua.