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La crisis de Lácteos Verónica sumó un nuevo capítulo judicial. La histórica empresa santafesina se presentó en concurso preventivo de acreedores en medio de un profundo deterioro financiero y productivo, con sus plantas prácticamente paralizadas, reclamos por salarios impagos y una deuda que, solo entre cheques rechazados y compromisos bancarios, supera los $15.900 millones.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°17, Secretaría N°34, donde ya se tramitan distintos reclamos contra la firma. Ahora será la Justicia la que deberá resolver si abre formalmente el concurso preventivo, un proceso que permitiría ordenar las deudas y centralizar las negociaciones con los acreedores.
Según la información difundida, la compañía acumula más de 2.900 cheques rechazados por un monto superior a los $11.200 millones. A esto se suma una deuda bancaria y financiera cercana a los $4.745 millones, por lo que ambos compromisos superan los $15.900 millones. Sin embargo, el pasivo total podría ser aún mayor al incluir las obligaciones con proveedores, trabajadores y otros acreedores.
Entre los principales acreedores figura el Banco Galicia, que mantiene una acreencia de $1.376,7 millones y también habría presentado un pedido de quiebra contra la empresa. La firma también registra compromisos con el Banco Nación, Credibel, Catalinas Cooperativa de Crédito, Banco Macro y otras entidades financieras.
La situación financiera tiene su correlato directo en la actividad industrial. Las tres plantas que la empresa posee en Clason, Lehmann y Suardi permanecen paralizadas o funcionando a un nivel mínimo, afectadas por la falta de materia prima y capital de trabajo. El conflicto también impactó de lleno en los trabajadores, que desde hace meses reclaman por incumplimientos en el pago de salarios.
Lácteos Verónica, controlada por la familia Espiñeira, es una de las firmas históricas de la industria láctea santafesina. En sus años de mayor actividad llegó a procesar más de un millón de litros de leche diarios y a contar con más de 700 trabajadores directos.
La presentación en concurso preventivo abre ahora una nueva etapa para la compañía, mientras la Justicia deberá analizar si habilita formalmente el proceso y cómo continuará la situación de una empresa atravesada desde hace más de un año por una profunda crisis económica, productiva y laboral.
