A pocas horas de que venciera el plazo, el presidente Javier Milei remitió al Congreso los vetos a dos leyes aprobadas recientemente: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica, que incluía mayores recursos para el Hospital Garrahan. En Casa Rosada ya anticipan que también ocurrirá lo mismo con el proyecto que busca modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) impulsado por gobernadores.

El Parlamento confirmó la recepción de ambos vetos: el que establecía la actualización de gastos y salarios en universidades, y el que destinaba una reasignación de fondos a la atención pediátrica. La oposición ya planifica sesiones especiales para la próxima semana: Diputados apunta al miércoles 17, mientras que en el Senado prevén debatir el jueves 18, con la posibilidad de incluir allí la discusión sobre los ATN.

Desde distintos bloques surgieron fuertes críticas. El diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) sostuvo que el Gobierno actúa con “maldad” y prometió insistir con el proyecto. En la misma línea, la radical Marcela Coli lo calificó como “un ataque a la educación pública”. También referentes estudiantiles y gremiales anunciaron marchas y medidas de fuerza, alertando que las universidades atraviesan una situación crítica.

Los proyectos habían llegado al Ejecutivo entre el 28 y el 29 de agosto. Según marca la Constitución, el Presidente tenía diez días hábiles para decidir, por lo que el plazo para el veto de los ATN vence este viernes. En el oficialismo aseguran que Milei mantiene una postura firme: corregir cuestiones puntuales, pero sin alterar el rumbo económico.

En paralelo, gobernadores y legisladores cuestionan la falta de diálogo. Señalan que el primer gesto hacia las provincias tras la designación del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, fue comunicar un veto. Aunque desde el Gobierno hablan de una propuesta alternativa, la oposición acusa que ya hubo un intento de contraproyecto que no prosperó.

El clima en el Congreso es de confrontación: tras revertir la semana pasada el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, la oposición busca repetir la jugada. Para lograrlo, necesita el respaldo de dos tercios en ambas cámaras. Por lo pronto, la Cámara Baja será el primer escenario de la pulseada, donde además planean tratar otros temas como la Moratoria Previsional, la emergencia por Bahía Blanca y el impuesto a los combustibles.

En cuanto al impacto fiscal, la oposición calcula que la actualización universitaria representa un 0,14% del PBI (unos $1.059 millones), aunque el oficialismo estima un costo mayor, de más de $1.500 millones. En el caso de la emergencia pediátrica, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó un gasto de $65.573 millones entre julio y diciembre, que anualizado superaría los $133.000 millones.