El Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus. El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.
La medida fue resuelta por la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar» la pandemia de coronavirus.
De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida.
Respuesta de la Unión Industrial Santa Fe
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, consideró un error del gobierno insistir con la doble indemnización para despidos y suspensiones en el sector industrial, porque está más que probado que la industria no es expulsora de empleos.
“Ninguna industria se achica por circunstanciales temporales o eventuales porque quienes trabajan en el sector son profesionales y técnicos capacitados que son muy difícil de reemplazar cuando el ciclo se revierte. Y por otro lado las pymes no pueden afrontar una indemnización ni simple ni doble ni triple, por eso lo que hacemos es atender el día a día con lo que tenemos antes de echar gente”, dijo Taborda.
El presidente de la UISF destacó que los 250 mil empleos que perdió la industria en los últimos años no fueron producto de despidos sino que son la consecuencia del cierre de empresas producto de las políticas anti industriales que implementó el gobierno de Macri.
“Lo que debería hacer el gobierno es fomentar la toma de nuevos empleos y no proteger al que lo tiene porque éste no necesita de la doble indemnización. Ya está protegido por la legislación laboral. Y si bien a todo empleo nuevo no le corresponde la doble indemnización, la norma cambia las expectativas de los empresarios y hace que la decisión de incorporar personal se retrase o no se tome por temor al futuro, lo que termina impactando negativamente en la toma de empleo formal”, manifestó Taborda.
Con información de Télam y El Litoral