El Decreto 253/2026 del Gobierno nacional inaugura una nueva etapa en la administración de la infraestructura vial en Argentina. La norma habilita a provincias como Santa Fe, junto a otras ocho jurisdicciones, a asumir funciones en la gestión de rutas nacionales, siempre que se concreten los acuerdos correspondientes.

El esquema no implica una transferencia de propiedad, sino la delegación de tareas específicas. En la práctica, la provincia podrá licitar, adjudicar y supervisar concesiones de obra pública bajo el sistema de peaje, con el objetivo de mejorar el mantenimiento, la ampliación y la seguridad vial.

La medida apunta a una mayor descentralización, buscando que los gobiernos locales, más cercanos al territorio, respondan con mayor agilidad. Sin embargo, el Estado nacional mantiene la titularidad de las rutas y el control general a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

El decreto también fija condiciones claras: las concesiones podrán extenderse hasta 30 años, pero tendrán carácter temporal y revocable. Además, Santa Fe contará con un año para convocar a licitación tras firmar el convenio; de lo contrario, perderá esa facultad.

Otro punto clave es el uso de los fondos: lo recaudado por peajes deberá destinarse exclusivamente al tramo correspondiente, garantizando transparencia y mejoras concretas para los usuarios.

Finalmente, la provincia asumirá la responsabilidad total por la ejecución de los contratos, incluyendo eventuales reclamos, lo que refuerza su rol central en este nuevo modelo de gestión vial.