Así lo dispuso el Gobierno, a través del decreto 665/2019 publicado hoy en el Boletín Oficial. El mismo establece «una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado, que ascenderá a la suma de $ 5.000, la cual se abonará en el mes de octubre de 2019 o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva».

Dialogamos con Roberto Slobodianiuk, representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Santa Fe. Escuchá el audio.

La norma especifica que «la suma referida en el artículo 1° del presente se compensará en las próximas revisiones salariales. Los empleadores que hubiesen otorgado, unilateralmente o por acuerdo de manera extraordinaria, otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 12 de agosto de 2019, podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación establecida en el artículo 1° del presente».

El decreto excluye del pago de esta remuneración a «los trabajadores del sector público nacional, provincial, municipal y de la CABA, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable».

También se encuentran excluidos del decreto «los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario, regulado por la Ley N° 26.727, y del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la Ley N° 26.844, sin perjuicio de lo que puedan establecer los órganos competentes».

En los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo remarca que la medida se toma debido a «que son de público conocimiento los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso y que las recientes mediciones efectuadas por el organismo estatal competente han arrojado una variación coyuntural del nivel general del índice de inflación de precios al consumidor».

Al mismo tiempo, el PEN pone de relieve que «ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido considerados por las partes colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos».

Fuente: Telam