El Gobierno Nacional inició una «auditoría» sobre las obras «adjudicadas y paralizadas» durante la gestión de Mauricio Macri, entre ellas el tramo de autopista en ejecución entre Rafaela y Angélica.
Las auditorías
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis indicó que la auditoría que se está realizando investiga «un sistema implementado por el gobierno de Macri que estaba basado en garantizar ganancias extraordinarias a un grupo económico; y buscaba privatizar y desmantelar el Estado».
«Lo que termina ocurriendo es que hay empresas fantasmas que ganan las concesiones y no tienen la capacidad de hacerse cargo de las obras, y venimos sufriendo el deterioro de las rutas en la Argentina porque el gobierno pasado tiene muy poco para mostrar en materia de infraestructura», definió.
En este punto, agregó: «anunciaron 4.000 km de rutas seguras e hicieron 0; dijeron que iban a construir 2.800 km en autopistas e hicieron apenas 365; dinamitaron el Ministerio, no solo lo sacaron del organigrama sino que lo borraron; y el nivel de deuda que dejaron es enorme». «Es cuestión de hablar en cada provincia, y cada gobernador o intendente, para comprobar la parálisis de la obra pública», concluyó Katopodis.
A mediados de setiembre el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, había dispuesto por decreto que el Estado tomara el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, los cuales pasarían a manos de la empresa Corredores Viales SA, que manejaba el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. Entre las medidas adoptadas, se había dispuesto también el cese de la concesión a Carreteras Centrales Argentinas, que hasta ahora tenía la concesión de las rutas nacionales 19 y 34, esta última en el tramo de 384 kilómetros entre la Circunvalación de Rosario y el límite con la provincia de Santiago del Estero.
«Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA», decía el decreto publicado el 24 de setiembre en el Boletín Oficial.
Según ese decreto, las empresas que ya no tienen las mencionadas concesiones, según se detalla en el Boletín Oficial, son Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).
Las declaraciones de Katopodis ratifican esa decisión de cancelar la participación de CCA en la administración del corredor vial y ponen una vez más en duda la continuidad de las obras, toda vez que se inicia un proceso de auditoría sobre la renegociación planteada.
