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Pobreza: el impacto de las medidas sociales y los desafíos de la emergencia social

El impacto de la pandemia en la pobreza, que llegó a 40,9% de la población según el INDEC, con un aumento de 5,5 puntos porcentuales en el primer semestre de 2020 respecto del mismo semestre del año anterior, muestra una pérdida de poder adquisitivo por los congelamientos o reducciones salariales en términos reales y la pérdida absoluta de ingresos laborales derivada de la caída de puestos de trabajo, a pesar de los esfuerzos fiscales del Estado nacional para paliar la disminución de ingresos derivada de los meses más estrictos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Las cifras del INDEC revelan que hay 2,5 millones de personas más que no logran acceder a una canasta básica de bienes y servicios. De ellos, 560.000 son niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, cuya situación se vuelve aún más crítica. 56,3% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica.

Además, se profundizó la brecha de pobreza: la distancia entre el ingreso medio de los hogares en condición de pobreza ($25.759) y su canasta básica total ($43.785) se amplió a 41,2%, indicando un claro deterioro en las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza. Estas cifras pueden explicarse en parte por la pérdida de puestos de trabajo durante la pandemia. Casi cuatro millones de personas perdieron el empleo, al menos temporalmente, y una gran mayoría pasó a la inactividad. Esta pérdida de empleo se compone principalmente por una merma de los trabajos por cuenta propia y asalariados informales, y dentro del grupo de trabajadores de la construcción, comercio, hoteles y gastronomía y trabajo doméstico.

El nuevo documento de CIPPEC “Impacto social del COVID-19 en Argentina. Balance del primer semestre de 2020” elaborado por Gala Díaz Langou, Gabriel Kessler, Carola della Paolera y Matilde Karczmarczyk, directora, investigador asociado, coordinadora y analista respectivamente del Programa de Protección Social de CIPPEC, detalla la composición de la pobreza en Argentina, analiza el impacto de las medidas tomadas por el Estado para paliar los efectos de la pandemia, y establece algunos lineamientos para abordar el fenómeno de la pobreza desde una mirada multidimensional.

El gobierno nacional implementó políticas para paliar los efectos de la pérdida de ingresos a través del fortalecimiento de políticas existentes y de la generación de nuevas intervenciones. Se potenció la transferencia de ingresos a las familias más vulnerables con niños/as y adolescentes y a personas mayores a través de bonos extra a la AUH y AUE y a las jubilaciones y pensiones. Además, se formularon nuevas políticas de transferencias, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), expandiendo la cobertura de protección social y alcanzando a grupos más amplios. Estas políticas de transferencias fueron complementadas por otras acciones que también impactan en los ingresos y el acceso a bienes y servicios de los hogares, como la provisión de alimentos en comedores escolares y comunitarios, y la entrega de medicamentos a personas mayores en situación de vulnerabilidad.

Estas medidas impactaron en las cifras de pobreza. De acuerdo a las estimaciones del documento, sin las transferencias implementadas por el gobierno, la tasa de pobreza en el primer semestre de este año podría haber aumentado 2,6 puntos porcentuales más, alcanzando a 43,5% de la población. De esta forma, estas políticas habrían impedido que casi 1,2 millones de personas caigan bajo la línea de pobreza.

Con respecto al impacto de las políticas de transferencias orientadas a hogares con niños/as y adolescentes, se estima que la tasa de pobreza en menores de 18 años se incrementó en el primer semestre de 2020 de 52,6% a 58,9%, lo que significa que hay cerca de 850 mil nuevos niños/as y adolescentes viviendo en la pobreza. Sin las transferencias, el documento estima que el efecto de la crisis sanitaria sobre la niñez hubiese sido mayor, alcanzando a 60,4% de los niños, niñas y adolescentes.

Las políticas antes mencionadas también impactaron en la incidencia de los niveles de indigencia. En la primera mitad del año, 18,4% de los niños, niñas y adolescentes del país vivían en hogares cuyos ingresos se encuentran por debajo de la canasta básica de alimentos. Este porcentaje disminuye a 12,1% en el grupo de los/as jóvenes de 18 a 29 (aún por encima del promedio nacional), 8,8% para las personas adultas y 2,5% para mayores de 60.

“Es dentro de estos grupos más vulnerables que las transferencias de ingresos jugaron un rol crucial. Sin ellas, la pobreza extrema podría haber llegado a un 17,5% de la población y a más de uno de cada cuatro niños/as del país”, explica el documento. “Si se analiza en forma trimestral, se puede ver el deterioro de las condiciones de vida de todos los grupos etarios en el segundo trimestre de 2020 y el rol clave que jugaron las transferencias para garantizar un umbral de ingresos mínimos que permita cubrir las necesidades alimentarias”, dice el documento.

La crisis desencadenada por la pandemia de Covid-19, que agravó la recesión que ya experimentaba el país, impactó más fuertemente en los hogares que ya se encontraban en la pobreza y/o percibían ingresos bajos-medios así como en algunos sectores particularmente afectados (como la construcción, hoteles y restaurantes y el trabajo doméstico). “Los hogares en situación de pobreza tienen principalmente composiciones familiares de parejas, hogares monomarentales y/o familias extendidas con niños/as que agudizan los desafíos frente a la crisis por COVID-19. Por lo general, su inserción laboral es en trabajos por cuenta propia y asalariados informales, con condiciones precarias y menor protección frente a la crisis, y además experimentan mayores carencias educacionales y habitacionales”, sostiene el documento.

Si bien sin estas medidas las condiciones sociales y los niveles de pobreza hubiesen sido aún más alarmantes, tampoco son suficientes para contrarrestar los efectos negativos por la crisis, sostienen los autores. “El pequeño margen fiscal y las limitaciones estructurales para potenciar el crecimiento sumados a la caída de la actividad global conforman desafíos que agudizan la emergencia social. Los interrogantes sobre cómo proceder en este contexto son varios, sobre todo en vistas de lograr una recuperación social y económica que priorice la inclusión social y la disminución de la desigualdad”, dice Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de CIPPEC.

El documento ahonda en algunos consensos existentes acerca de la necesidad de estrategias multidimensionales para hacer frente a los impactos sociales de una crisis como la que actualmente enfrenta Argentina:

En el corto plazo, urge mitigar los efectos de la crisis con políticas de transferencias monetarias que sin dudas sostendrán un papel central dada su probada capacidad de amortiguar el efecto de la caída de los ingresos en los hogares más pobres. Un eje estratégico apunta a fortalecer las transferencias a los hogares con niños/as y adolescentes, hasta tender a un ingreso universal para la infancia.

Además, será imprescindible avanzar en la transición de las políticas de ingresos por la emergencia hacia un esquema que dialogue con la paulatina recuperación de la actividad y las condiciones fiscales y, al mismo tiempo, permita asegurar pisos de protección social.

Reducir la pobreza requiere de una estrategia multisectorial y coordinada que se sostenga en el tiempo.

Es clave desactivar la reproducción intergeneracional de la pobreza, incluyendo políticas para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la ampliación de la cobertura de los espacios de crianza, enseñanza y cuidado para los/as niños/as, la permanencia y finalización escolar de los/as adolescentes y el acceso y mejoramiento del hábitat.

Además, dada la centralidad del acceso a empleos de calidad para salir de la pobreza, será fundamental potenciar el impacto de las políticas de empleo y de la economía social y popular.

Fuente CIPPEC

Para acceder a la publicación original: «Impacto social del COVID-19 en Argentina. Balance del primer semestre del 2020»

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