Lo hicieron en conjunto el senador Alcides Calvo y sus pares Raúl Gramajo (9 de Julio) y Felipe Michlig (San Cristóbal). Se le da una partida presupuestaria y se habilita al Ejecutivo Provincial a iniciar los trámites para posibles expropiaciones, en el caso de que sea necesario. La localización sería determinada por el Servicio Penitenciario.

Desde hace mucho tiempo a esta parte, se ha iniciado un fuerte debate con respecto a la necesidad de una cárcel en nuestra zona. Esto ha sido propuesto desde el Ejecutivo Provincial y debatido en el Plan Estratégico. Pero, desde la ciudad, se sumaron voces en contra de la radicación en el ejido local de una unidad penitenciaria. Pero, otras localidades podrían estar interesadas.
Mientras que el debate aún no termina y sigue sumando voces, desde el Senado Provincial se apuesta fuerte. El senador departamental Alcides Calvo, junto a sus pares Raúl Gramajo (9 de Julio) y Felipe Michilig (San Cristóbal) presentaron hace meses un proyecto de ley para que habilite la construcción en la Región II, que tiene cabecera en nuestra ciudad.
«Estamos planteando la aprobación de un proyecto de ley de un Servicio Penitenciario en el sector oeste de la Provincia, el cual se haría con recursos propios, sin necesidad de toma de endeudamiento. Está previsto que se trate en algunas sesiones», dijo el Senador Calvo en declaraciones a «Algo dirán» (Radio Galena, 94.5 Mhz).
«La Provincia tiene una partida de 11.000 millones de pesos que ha utilizado hasta hoy solamente un 20%», indicó el legislador.
«Lo que planteamos es la determinación de la construcción, la imputación presupuestaria, y se tiene que buscar un lugar. Hay un acuerdo de que sea un espacio público, para tratar de evitar que se tenga que comprar algún terreno. Si no existiese un espacio público, es decir, un terreno de la Provincia, también se le da el aval para una expropiación», comentó y agregó: «esto último surge de la experiencia legislativa: si no lo hacemos en este momento, después se tiene que generar una nueva ley para que finalmente suceda. Así le damos mucho más fuerza».
Según Calvo, tendría que estar localizado entre los tres departamentos: San Cristóbal, 9 de Julio y Castellanos. «La localización específica la debería determinar el Servicio Penitenciario. No es que no queramos elegir el lugar, sino que qué mejor que ellos que son los que saben del tema. Seguridad, traslado de presos, innumerables cuestiones que uno quizás no tiene en cuenta».
De acuerdo al sitio web del Senado de la Provincia, el expediente 32061DBL ingresó oficialmente el 8 de abril de este año y lleva por asunto «Creación y construcción de una nueva Alcaldía Regional para varones y mujeres que permita el alojamiento de personas con detención transitoria sin resolución de situación procesal: dispónese». Esto implica un fuerte respaldo político a la decisión de instalar una cárcel en nuestra zona, algo siempre polémico.

ANUNCIO
En enero de 2015, la Provincia anunciaba que iba a aplicar una serie de medidas para descomprimir la situación carcelaria en comisarías o alcaidías en esa zona. En ese marco, quien era el representante político en el Nodo del Ministerio de Seguridad, Pedro Morini (hoy, subsecretario de Lechería) había indicado a LA OPINION que “por orden del ministro Raúl Lamberto -dijo-, se está buscando un terreno apropiado. La idea es arrancar cuanto antes, si es posible este mismo 2015, ya que Rafaela es el único nodo que no dispone de una cárcel”, aseveró.
Yendo a los aspectos técnicos de la obra, Morini explicó que, “la idea en Rafaela es construir una cárcel modular, a la que se le puedan agregar módulos como es la de Rosario, con capacidad mínima para 150 presos”.
“Se calcula -continuó el representante del Ministerio de Seguridad en Rafaela- que para fines del 2016, el nuevo sistema Procesal Penal aportaría unos 100 nuevos presos en total en el Nodo, y a eso se suman los 90 presos que ya hay hoy alojados en las cuatro alcaidías: las de Rafaela, Tostado, San Cristóbal y Sastre”, señaló Morini.
Vale destacar que con el nuevo sistema penal en vigencia en la Provincia, donde las sentencias por juicios abreviados y las audiencias cautelares hacen ingresar rápidamente presos -o con prisión preventiva- al sistema carcelario, las alcaidías se encuentran ya comprometidas en su capacidad, además del hecho de que los presos se encuentren alojados en mejores condiciones de salubridad y evitar el hacinamiento actual que no logra cumplir con los estándares exigidos por las Naciones Unidas.
De todas maneras un aspecto clave a considerar es que el Código Urbano de Rafaela no permite por Ordenanza la construcción de una cárcel en esta ciudad, por lo que si se planea asentarla aquí, necesariamente se impone como paso previo una modificación al Código Urbano.

HARBEAS CORPUS
Meses más tarde, en noviembre, Cristina Beatriz Fortunato, jueza en lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 5, Rafaela, hizo lugar al hábeas corpus correctivo y colectivo interpuesto por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, con la firma de Estrella Jorgelina Moreno, defensora Regional de la 5ª Circunscripción Judicial.
Según la presentación hecha por la Defensora Regional, el objeto de la denuncia de Hábeas Corpus colectivo y correctivo es “en favor de todas las personas privadas de libertad en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V, por el agravamiento de las condiciones de detención”, consta en el escrito de casi 20 páginas al cual tuvo acceso LA OPINION oportunamente.
La Alcaidía de la UR V tiene un cupo fijado administrativamente en 50 plazas. Actualmente la capacidad se encuentra superada, conforme surge de los partes de detenidos de la Alcaidía del mes de septiembre de 2015, la cantidad promedio de detenidos alojados por día ha sido de 69 reclusos.

Fuente:La Opinión