El proceso de venta de los activos de SanCor atraviesa un nuevo escenario de incertidumbre tras la presentación de denuncias contra el juez que interviene en la quiebra de la histórica cooperativa láctea. Acreedores de la empresa solicitaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que investigue posibles irregularidades en la conducción del expediente.

La presentación fue impulsada por el denominado Frente Unificado por la Defensa de SanCor, integrado por productores, trabajadores, extrabajadores y otros acreedores, quienes cuestionan diversas decisiones adoptadas por el magistrado Marcelo Gelcich, titular del Juzgado Civil y Comercial de Rafaela.

Entre los principales planteos, los denunciantes sostienen que existirían inconsistencias en la valuación de activos, falta de transparencia en el tratamiento de bienes intangibles y limitaciones al acceso de la sindicatura a documentación vinculada al proceso. Además, ponen en duda la validez de la declaración de quiebra y del rechazo de una propuesta de salvataje presentada poco después de que se dictara la sentencia.

Los abogados que representan a los acreedores solicitaron a la Corte que evalúe la conducta del magistrado y determine si corresponde avanzar con un Jury de Enjuiciamiento. En caso de prosperar esa instancia, el proceso judicial podría quedar temporalmente paralizado hasta que se resuelva la situación.

Como parte de la estrategia judicial, también se promovió una medida cautelar para frenar el llamado a licitación de las plantas industriales y las marcas de la cooperativa, con el objetivo de evitar que avance la venta de los activos mientras se analizan los cuestionamientos planteados.

Paralelamente, se tramita un recurso ante la Cámara de Apelaciones de Rafaela. Allí se argumenta que el plan de salvataje presentado por los acreedores fue descartado por una diferencia mínima en los tiempos de carga del sistema informático, lo que habría impedido evaluar una alternativa a la quiebra.

Otro de los puntos observados por los denunciantes es que la declaración de quiebra se habría producido antes de que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa se pronunciara formalmente sobre la situación. También cuestionan la designación de un abogado de la empresa para conducir esa asamblea, al considerar que no reunía las condiciones previstas por la normativa cooperativa.

A las críticas de los acreedores se sumó además la presentación realizada por uno de los síndicos del proceso concursal, quien habría denunciado ante la Corte presuntas restricciones a las funciones de control que la ley asigna a la sindicatura. Según trascendió, el planteo sostiene que se habría reemplazado de hecho ese rol por una administración designada directamente por el juzgado.

Mientras tanto, el juez Gelcich no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones.

SanCor había solicitado su propia quiebra en abril de este año, luego de atravesar una profunda crisis financiera. El pedido fue aceptado por la Justicia pocos días después. Según consta en el expediente, la cooperativa acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares, además de obligaciones en pesos y varios meses de salarios impagos. Entre los principales acreedores figuran organismos recaudadores y fondos de inversión internacionales.