El déficit fiscal de la Administración Pública Nacional (APN), cuando se excluyen las transferencias de utilidades del BCRA, alcanzó en lo que va del año los 890.000 millones de pesos. Este aumento es consecuencia de la caída de la actividad económica producida por la pandemia COVID-19 y, al mismo tiempo, de la decisión del Estado nacional de reforzar el servicio de salud, incrementar la protección social, brindar apoyo a las empresas y asistir a las provincias.
Según el documento “Las cuentas de la Administración Pública Nacional en tiempos de Covid-19”, elaborado por el economista José Gasparín, investigador asociado del Programa de Gestión Pública de CIPPEC, entre marzo y mayo la caída de la recaudación fue de 25% interanual, mientras que el gasto creció 20% interanual para el mismo período. Esto deterioró el resultado fiscal de la APN alcanzando un déficit de $890.000 millones de pesos y rondando el 3% del PBI en lo que va del año.
Con los mercados cerrados por la renegociación de la deuda, el Banco Central tuvo un rol central en el financiamiento del tesoro nacional: desde marzo hasta fines de mayo las transferencias de utilidades y adelantos transitorios del BCRA a la Administración Pública Nacional totalizaron los $800.000 millones de pesos.
“Las cuentas públicas muestran el activismo del Estado nacional para enfrentar la pandemia, pero al mismo tiempo ha expuesto aún más nuestras debilidades en materia fiscal”, explica Gasparín.
Ingresos
El desplome de la actividad económica explicó, desde marzo, la mayor parte de la caída en los ingresos de la Administración Pública Nacional. En los tres últimos meses la recaudación cayó anualmente un 25% en términos reales, pero en mayo alcanzó el 36% anual. La caída en los recursos tributarios explicó el 60% de la pérdida de los ingresos. A su vez, los aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron un 20% para el mismo período, explicando el 25% de la caída en los ingresos del Estado.
Egresos
La ejecución del gasto se aceleró fuertemente con el inicio de la pandemia. Desde marzo la ejecución aumentó un 20% para, luego, alcanzar el 32% en mayo. Este crecimiento estuvo explicado, principalmente, por las transferencias destinadas a atender las necesidades del sistema de salud, ofrecer cierto grado de protección social, cuidar el empleo y dar continuidad de las empresas y, por último, asistir a las tesorerías provinciales.
Composición del gasto de la Administración Pública Nacional por finalidad, antes y después de las medidas de aislamiento, en % del gasto total
Las erogaciones sociales registraron desde el inicio de las medidas un aumento anual de 500.000 millones de pesos, lo que representó un aumento interanual del 27% en términos reales. Los mayores aumentos relativos se concentraron en atender las necesidades de sanitarias (50.000 millones de pesos entre marzo y mayo con respecto a igual período del 2019, representando una suba del 66%) y promoción y asistencia social (40.000 millones de pesos más que igual período del año pasado, lo que equivale a un aumento del 115% anual). Por su parte, las erogaciones de la seguridad social, que tienen el mayor peso dentro de las cuentas públicas, se incrementaron en 370.000 millones de pesos, registrando una suba del 26% interanual.
A su vez, los gastos destinados a los sectores económicos se incrementaron en $150.000 millones anuales desde que se iniciaron las medidas de prevención, representando una suba en términos reales del 65% anual desde marzo hasta mayo. El aumento más importantes se concentró en la industria, con una suba anual de $70.000 millones y representando el 45% del total del incremento registrado desde el inicio de la pandemia.
Para el mismo período, las transferencias a las provincias, totalizaron los 125.000 millones de pesos desde marzo, incrementándose en $110.000 millones con relación a igual período del año pasado y representando un aumento en términos reales del 360%. De este total de erogaciones, 80.000 millones de pesos tuvieron como destino asistir a las tesorerías provinciales, mientras que 45.000 millones estuvieron destinados a servicios sociales.
“Encender la economía en un entorno de distanciamiento social es un ejercicio inédito y sumamente complejo, donde la política fiscal es un engranaje más dentro de la delicada relojería de administración económica”, dice Gasparín.
Recomponer la salud fiscal requerirá de un ejercicio muy preciso de gestión del Estado, donde la coordinación y articulación de las medidas sanitarias y económicas cumplirán un rol crucial para transitar y salir de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien tiempos de emergencia y crisis exigen medidas extraordinarias, estas deben ser temporarias y no permanentes”, sostiene.
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Fuente: CIPPEC
