El proyecto, que avanza en la legislatura, permitiría mejorar el uso del recurso en todo el territorio santafesino, aquejado por problemas crónicos de inundaciones y sequías. Lifschitz pidió a Diputados que se trate este mes.

La iniciativa viene siendo postergada durante las últimas dos décadas. Se trata de contar con un marco legal moderno a la gestión de los recursos hídricos provinciales, un elemento clave que por exceso o por falta siempre figura en el tope de los debates sociales y ambientales de la región.

La última versión del proyecto,  fue presentada en 2014 por los senadores justicialistas Danilo Capitani, Ricardo Kaufmann, Cristina Berra y Eduardo Rosconi, y los frentistas Germán Giacomino y Orfilio Marcón.

La reciente decisión del gobernador Miguel Lifschitz de pedir que el tema sea tratado por Diputados en sesiones extraordinarias (durante este mes de abril) abre la puerta a que finalmente sea aprobado en la Cámara baja, donde el oficialismo tiene mayoría y ya tiene despacho favorable en las comisiones de Obras Públicas y Medio Ambiente, y busca tenerlo en la última comisión que es la de Asuntos Constitucionales.

La ley de aguas —una legislación que tienen todas las provincias argentinas menos Santa Fe— se apoya en algunos principios fundamentales como el acceso al agua potable como un derecho humano, toma en cuenta el cuidado del ambiente, y enmarca el uso del recurso en los sistemas productivos.

Además plantea la autarquía de la autoridad de agua dentro del ministerio, para que pueda funcionar como brazo ejecutor, con capacidades y recursos para ejecutar decisiones con celeridad. La nueva ley permitiría que, ante los canales clandestinos en los campos, se pueda tener poder de policía y actuar rápido ante las denuncias.

Nuevo paradigma.

En caso de aprobarse, la flamante ley introduciría los nuevos conceptos que aparecieron tras la reforma constitucional de 1994, como la participación de los usuarios y los derechos de tercera generación, entre los cuales figura el derecho a un ambiente sano.

También cambia premisas en cuanto a la provisión de agua potable, tanto en su calidad como en la cantidad. Hasta ahora, los responsables de garantizar esos parámetros son los prestadores del servicio (Assa en 15 ciudades, y las cooperativas en las comunas), mientras que con la nueva ley la responsabilidad recaería en el dueño del recurso, o sea en el Estado provincial, un sustancial cambio jurídico.

También incorpora equipos técnicos específicos para tratar los dos grandes temas relacionados con la gestión del agua: la sequía en los departamentos del noroeste, y las inundaciones en el sur y el este, atendiendo a la fuerte disparidad geográfica santafesina.

Poder de policía.

Respecto de los canales clandestinos de los campos agrícolas, un tema que explota cada vez que hay fuertes lluvias, de aprobarse la ley permitiría a la autoridad (el ministerio) tener poder de policía y actuar ante las denuncias para hacer un control efectivo y eficaz, sin esperar los tiempos judiciales.

También se cambian algunas denominaciones clave, ya que por ejemplo el denominado «uso común» pasará a llamarse «uso social», ya que el acceso a un agua potable de calidad es un problema agudo en muchas zonas de Santa Fe, fuera de los grandes centros urbanos.

Otra apartado pensado en un problema que suele aquejar a los departamentos del noroeste, que reciben enormes caudales de agua desde Santiago del Estero y Chaco, es la autorización al Poder Ejecutivo para que ejecute acciones de emergencias ante situaciones de inundación que pongan en riesgo la vida o los bienes de las personas.

Arancel productivo. Una modificación sustancial se plantea para el uso productivo del recurso, que con la nueva ley estaría arancelado como ocurre en todas las otras provincias del país.

El proyecto establece que por el uso productivo del agua se pague un canon, ya que hasta ahora las empresas que utilizan el recursos en sus procesos productivos no pagan un precio como materia prima.

«Las empresas no pagan la materia prima agua, pagan su distribución igual que todos los usuarios, pero en este caso lo usan como insumo y no lo están pagando como tal», explicó Fabiana Malatesta, abogada y asesora de la comisión de Asuntos Hídricos del Senado, quien agregó que la naturaleza del pago del canon que se da en todo el mundo es de renta dominial, o sea tomar algo del dominio público para hacer un negocio.

Cuánto y cómo. La abogada subrayó que el uso productivo del agua se aplica en todas las provincias, y que luego será otro debate saber cuánto y bajo qué modalidades.

Por otra parte, el proyecto de ley contempla que en localidades donde las necesidades básicas insatisfechas (NBI) superen el 25 por ciento ese canon no se cobrará, como manera de promover la radicación de actividades productivas en lugares desfavorecidos.

Fuente: Agenciafé

Foto: Internet