Mañana, desde las 15, en la Casa Rosada el presidente Mauricio Macri y Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, buscarán acordar un plan conjunto de seguridad para Santa Fe, dejando de lado los mutuos cuestionamientos. Lo que genera "chispazos".
El acuerdo todavía está lejos de ser rubricado, pero se sabe que existe hubo un leve acercamiento que podría potenciarse hasta minutos antes de la cumbre en Balcarce 50.
La traba gira en torno a la cláusula sexta del convenio que elaboró el Ministerio de Seguridad de la Nación. De acuerdo a La Capital, el texto fue calificado por la Provincia como una intervención federal de la Policía de Santa Fe que vulnera principios constitucionales.
El artículo establece que Nación y Provincia "se comprometen en el plazo de tres meses a realizar una evaluación pormenorizada de la situación de seguridad en Santa Fe y efectuar recomendaciones" para el operativo conjunto.
Luego enumera los indicadores a relevar para evaluar el desempeño de la Policía y el Servicio Penitenciario de Santa Fe: despliegue operativo de efectivos policiales, estado de las comunicaciones y logística, análisis y trazabilidad de los llamados del sistema 911, sistema provincial de videovigilancia y elementos de prevención.
SE PIDEN AUDITORIAS
El párrafo más controvertido menciona la realización de auditorías en Comisarías (Seccionales) "orientadas a determinar el estado de las comunicaciones; informática; situación de los efectivos; cantidad de sumariados, motivos de los sumarios, causas judiciales pendientes, cantidad de deserciones, motivos de las bajas y su relación con el narcotráfico y la corrupción, efectivos condenados por narcotráfico y corrupción".
Más adelante, el convenio contempla la "evaluación del área de Asuntos Internos y de Análisis e Investigación Criminal". Y promueve la realización de "auditoría aleatoria de investigaciones realizadas por el personal policial y resultados de las mismas".
Finalmente, habilita la "realización de test psicofísicos y toxicológicos" a los integrantes de la policía y el Servicio Penitenciario. De todos modos, desde ambas administraciones confiaron que este punto se eliminaría del acta.
NO A LA INTERVENCION FEDERAL
"El tono de la cláusula sexta es de una intervención de la Policía más que de un intento por mejorar la seguridad en Santa Fe", dijeron desde la Casa Gris. "Y no hay una sola mención a la cantidad de fuerzas federales que vendrán, sus metas y controles", agregaron.
UNA PROVOCACION
Además, remarcaron que "parte de la información que saldrá de las auditorías ya es pública, está en la memoria de la Secretaría de Control Policial, pero dejarla en evidencia frente a otras provincias con indicadores similares que nadie conoce parece una provocación".
